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¿Qué tanto le importa al Estado la informalidad minera?

¿Qué tanto le importa al Estado la informalidad minera?

La inacción del Estado durante los últimos años ha creado un ambiente propicio para la proliferación y desarrollo de la minería ilegal e informal que, si bien es cierto, está asociada al último eslabón de la cadena productiva, sigue creando condiciones nefastas dejando a su paso un impacto ambiental, económico y social que resulta irreversible.

Para entender mejor el panorama, de las 25 regiones del país, 21 poseen minería informal, sobre todo en la extracción del oro, cuyo proceso es el más sencillo.[1] Cabe señalar que a partir del año 1990, el precio del oro comenzó a subir drásticamente durante una década, lo cual motivó al incremento de la informalidad en esta actividad. En la actualidad, según Macroconsult, la producción ilegal de oro ascendió al 29% del total de la producción formal el año pasado.[2]

El caso de la minería es bastante especial en la medida que en el Perú esta actividad juega un rol gravitante. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la actividad minera representa alrededor del 9% del PBI, al mismo tiempo que contribuye con alrededor del 60% de las exportaciones peruanas y da cuenta del 21% del stock de inversión extranjera directa.[3]

Es importante explicar la diferencia entre ilegal e informal. Pues, los mineros informales son aquellos que aun siendo informales, están dispuestos a iniciar una etapa de formalización con el Estado. Por el contrario, los mineros ilegales son aquellos que realizan extracción de minerales en lugares prohibidos (áreas naturales protegidas, ríos, lagunas bosques, entre otros) ignorando las leyes, causando grandes estragos al medio ambiente y que no tienen intención alguna de formalizarse, actuando siempre al margen de la ley.

Durante mucho tiempo los esfuerzos del gobierno peruano en contra de la minería ilegal e informal se concentraron solo en zonas dentro de Madre de Dios, sin tomar en cuenta otras fronteras, como la zona de Puno, desde donde el oro sale del país mediante contrabandistas; más conocidos como mulas humanas. Sino, veamos el siguiente cuadro:

Fuente: MINEM y BCRP
Elaboración propia

Como se puede observar, el volumen exportado de oro empieza a superar al volumen oficialmente producido a partir del año 2007, fecha en la cual sucedió la crisis financiera. Este excedente de volumen no es nada más ni nada menos que la exportación de oro mediante el contrabando. Según el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales de Bolivia (SENARECOM) esto ha salido por parte de la minería ilegal.[4] Si no, ¿cómo podríamos explicar que se exporta más oro del que es registrado por en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM)?

Otro problema de la minería ilegal es la explotación del trabajador, ya que amenaza la integridad del ser humano y atenta con la destrucción del estado de derecho de más de 350 mil obreros mineros dentro del marco de la ilegalidad.

Por otro lado, esta actividad ilícita muestra otra preocupante faceta, la cual vincula al narcotráfico y mafias dedicadas a cobrar cupos para el desarrollo de esta operación en diferentes zonas de producción de minería ilegal.

Cabe mencionar que en nuestro país existen alrededor de 550 mil extractores que realizan esta actividad informal. Además, es posible que muchos de ellos quieran formalizarse; sin embargo, los trámites son muy complicados y pueden demorar años. En el año 2017, se formalizaron 5 mil; en el año 2018, 6 mil; y en el año 2019 se esperaba una formalización de al menos 10 mil extractores.[5]

Ante esta problemática, el MINEM planteó como objetivo formalizar un número determinado de informales mineros. Es así que propuso la simplificación de trámites disponiendo cuatro cambios: mejoramiento de la legislación, liderazgo en el proceso, focalización en la gestión de proceso y planificación basada en la gestión por resultados.

De todas maneras, aquí les comparto algunas propuestas para el Estado: (1) Regular la salida de las fronteras, ya que por ahí también sale el oro y otros minerales que en Bolivia son blanqueados e introducidos en otras partidas para la exportación. (2) Crear una autoridad ambiental autónoma para cada región, con su propio contexto y problemática, ya que cada región contiene distintas características. (3) El Gobierno debería promover la formalización mediante incentivos de inversión y la ampliación de socios estratégicos para el desarrollo de nuevos proyectos en regiones como Madre de Dios, Puno o San Martín, antes de tomar medidas que inciten a la violencia. (4) Se debería incorporar nuevas alternativas legales para que los productores informales puedan ingresar a la formalidad en un proceso de transformación empresarial progresivo y rápido sin tanta burocracia. (5) Una parte del canon minero debería estar destinado únicamente a la investigación científica, el desarrollo de nuevas iniciativas que mejoren el desarrollo en estas regiones y la innovación tecnológica en el ámbito minero.

Esta falta de cultura en la innovación inhibe a posibles talentos. Un ejemplo es el caso de las dragas que se emplean en Madre de Dios y que empresas europeas, como es el caso de la holandesa Royal IHC han emulado. ¿El resultado? Dicha compañía ha lanzado al mercado la draga 20 BIJAO que actualmente se utiliza en el mercado minero colombiano.

La gran interrogante es ¿por qué Perú no formalizó estos procesos creativos en maquinaria minera y tuvo que esperar a que la iniciativa venga del extranjero? La respuesta es simple: Corrupción. ¡Sí señores! Ya es hora que dejemos de gastar el dinero en fines políticos y lo hagamos con fines reales de desarrollo del país. El gran desafío que tenemos es poner en valor estas riquezas para cerrar brechas sociales y combatir el enemigo común que es la pobreza.

[1] MINEM (2020) – Panorama macroeconómico, sector minero
[2] Macroconsult (2020) – Sistema de Información
[3] SNMPE (2020) – Indicadores económicos, Perú.
[4] SENARECOM (2019) – Volumen registrado de oro exportado
[5] MINEM y SUNAT (2019) – Programa de formalización a los mineros informales e ilegales

Martín Zúñiga Reátegui,
Socio de Remezzano Capital Partners
www.remezzano.com

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