Pablo de la Flor, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, recordó que el reiterado pedido del presidente Castillo para estatizar la operación gasífera vulnera la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

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l lunes 25 de octubre, mientras la primera ministra, Mirtha Vásquez, acompañada de su gabinete, se presentaba ante el Parlamento para pedir el voto de confianza de los congresistas que le permitiría sostenerse en el cargo, en un marco donde trató de ser produnte para no mencionar temas espinosos como la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente o procesos de expropiación, el presidente de la República, Pedro Castillo, pidió desde la provincia de Bagua Grande (Amazonas) ir en esa dirección, contradiciendo a su operadora política.

“Instamos al Congreso para que de una vez por todas hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo produce”, dijo como parte de su mensaje.

De inmediato, diversas reacciones se dieron a conocer, entre ellas, la de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), quien señaló que la estatización de Camisea “es una amenaza nefasta que atenta contra la inversión privada y quebranta la reactivación económica en curso”.

Así, a través de un comunicado, refirió las palabras del presidente del gremio, Pablo de la Flor, para quien las palabras de Castillo alimentan la inestabilidad y la desconfianza en los inversionistas en circunstancias que el Perú necesita de nuevos capitales para revertir la crisis económica y sanitaria.

“Ya se van a cumplir 100 días de gobierno y observamos con gran preocupación que no hay rumbo claro en la conducción del país. Solo encontramos anuncios y gestos contradictorios que satanizan la inversión privada y desligitiman su real contribución al desarrollo del Perú”.

El documento recuerda que la pretensión de vulnerar el contrato de Camisea, que está garantizado por la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, es una amenaza a la inversión privada en su conjunto, atentando contra el orden jurídico y el Estado de derecho.

“Confiamos que el Congreso de la República no se prestará convalidar medidas como esa, y que, por el contrario, seguirá trabajando en la búsqueda de consensos en favor de la reactivación económica y el progreso del Perú”, agregó.

A esto sumó que utilizar como excusa la necesidad de acelerar el proceso de masificación del gas natural para impulsar una medida ilegal y arbitraria solo refleja un ímpetu populista que ya se utilizó con pésimos resultados en el pasado.

“Nosotros coincidimos en que la masificación del gas es urgente. Sin embargo para que ello ocurra hace falta que el Gobierno defina lineamientos de política pública que permita la construcción de una red de ductos a fin de llevar gas a más hogares. La masificación no tiene nada que ver con el contrato de Camisea que, más bien, ya tiene una carga fiscal de 65% entre impuestos y otros aportes”, explicó.

Pablo de la Flor resaltó asimismo que el contrato suscrito entre el Estado y el Consorcio Camisea no es lesivo para el país, ya que en 17 años ha aportado más de 40.000 millones entre impuestos y regalías.

“Mientras persistan mensajes nocivos como el de la pretendida estatización de Camisea y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para derogar la actual Constitución, solo se conseguirá espantar a la inversión y se deteriorá la generación de empleos”, finalizó.