En temas normativos se presenta una sobrerregulación y plazos mucho más largos que en otros países mineros, lo que afecta los intereses del país, sostuvo Miguel Cardozo, segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

El segundo vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Miguel Cardozo, indicó que el tema de la gobernanza ambiental y social, sin duda preocupa de sobremanera al sector minero peruano, debido a que las regulaciones se han incrementado notablemente en las últimas décadas y que han originado una maraña de procesos que retrasan y desalientan las inversiones.

Señaló que en 1990 solo siete entidades estaban involucradas en los procesos administrativos del sector minero, a diferencia de hoy, que se tiene 30 organismos públicos. Es decir, se han más que cuadruplicado la cifra.

Del mismo modo, dijo, en el 2001 solo había 12 procedimientos administrativos, pero dos décadas más tarde existen unos 265.

“En la última década, comenzamos a llenarnos de regulaciones que han terminado haciendo las cosas más burocráticas y difíciles, que restan competitividad a nuestro país en general y al sector minero en particular. Hoy en día, esto se ve claramente reflejado en la disminución de las inversiones privadas, a lo que se suma una reducción de la inversión pública. Al final tenemos menor crecimiento y bienestar para los peruanos”, sostuvo.

Agregó que el Índice de Competitividad Minera, elaborado por el IIMP y Macroconsult, confirma que en temas normativos se presenta una sobrerregulación y plazos mucho más largos que en otros países mineros, lo cual afecta los intereses del país.

Sin embargo, dijo que a nivel global, la discusión sobre las metas de desarrollo sostenible y gobernanza ambiental y social establecidas por las Naciones Unidas, están yendo por otro camino. “Se trata de alcanzar acuerdos integrales que van más allá de la protección ambiental y que parten de reconocer la importancia de los recursos naturales como fundamento para el desarrollo, la creciente demanda tecnológica de más metales y variadas sustancias naturales, el compromiso para la extracción primaria eficiente y responsable, el acelerado progreso tecnológico, la neutralidad climática y la economía circular”.

En ese sentido, indicó que estos acuerdos deben ser transversales abarcando toda la cadena de valor, incluyendo gobiernos y autoridades a todo nivel, empresas privadas, comunidades, sociedad civil, proveedores y consumidores, academia e instituciones. “Se trata, al final de cuentas, de pluralidad e inclusión, que prioricen el desarrollo territorial sostenible del Perú”.

El segundo vicepresidente del IIMP dijo que, para ello, la minería debe estar comprometida con el cumplimiento de los estándares ambientales utilizados en los países mineros más exitosos del mundo y será necesario trabajar coordinadamente en la formulación de planes de desarrollo de la industria minera y de políticas públicas de largo plazo que sean claras, realistas y consensuadas.

nes oz.