El riesgo político y la política macroeconómica incierta exponen a las empresas peruanas el próximo año, pese a la recuperación económica.

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a calidad crediticia de las empresas peruanas estará expuesta al riesgo político y a la incertidumbre en materia económica en 2022, pese a la recuperación económica luego del Covid-19 que beneficiará a países de la región como Brasil, Chile y México, señala Moody´s, mediante un reporte en que analizó a varios países de la región.

La agencia indica que en el 2022 el crecimiento económico beneficiará a las empresas peruanas, las cuales recuperarán su posicionamiento en el mercado. Pese a ese escenario, en materia de calidad crediticia las firmas estarán expuestas a factores económicos y políticos locales. “El nuevo gobierno de Perú Libre aumenta los riesgos de gobernabilidad”, la eficacia y la credibilidad de las políticas públicas, lo que deteriora tanto la confianza de los inversionistas como las perspectivas crediticias de mediano plazo, describe la calificadora. Asimismo, Moody’s cambió sus proyecciones de crecimiento de 4.5% a 4% para el 2022 y de 3.3% a 3% para el 2023.

El reporte indica también que para los próximos 18 meses el consumo peruano continuará recuperándose con el aumento de las tasas de vacunación y la flexibilización de las restricciones sociales. Las empresas de consumo que atienden al sector doméstico serán las más beneficiadas. La reanudación del comercio físico recortaría ganancias para el comercio en línea, mientras que la rentabilidad de las instalaciones con altos márgenes como centros comerciales, restaurantes y ropa se recuperaría. En tanto, el sistema bancario peruano también permanecerá fuerte, lo que impulsará la recuperación de la mayoría de los sectores corporativos.

Por otro lado, el sector minero estaría bastante expuesto debido a las reformas anunciadas por el nuevo gobierno. “Cambios en las concesiones o políticas actuales que retrasan licencias o aumentan regalías o impuestos retrasarían los proyectos actuales, debilitarían los flujos de caja, recortarían márgenes y desincentivarían inversiones en el sector minero. Nuevos impuestos y una supervisión del gobierno intensificada afectaría a todas las compañías mineras de Perú, pero especialmente a aquellas que operan solamente en el país”, se lee en el informe.

El sector de energía ante el mayor control estatal se encontrará más limitado incluso si las tasas impositivas aumentan. Peru LNG sí tendría ciertas presiones en la liquidez en el 200 dado el alto riesgo operativo en cortes frecuentes y prolongados. Sin embargo, Transportadora de Gas del Perú (TGP), consorcio que transporta el gas de Camisea, mantendrá su calidad crediticia sólida.

Fuente: semanaeconomica.com