La empresa de capitales chinos produce el 16% del cobre del Perú y genera el 1% del PBI. Dos expertos analizan el impacto a corto y mediano plazo en la economía y conflictividad.

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altan nueve días para que la corporación minera china Minerals and Metal Group (MMG) ejecute el ultimátum de suspensión de operaciones de producción de cobre en su mina Las Bambas en Apurímac.

La corporación, dueña de Minera Las Bambas, informó dicha decisión a través de un comunicado presentado a la Bolsa de Hong Kong, firmado por su CEO y director ejecutivo, Gao Xiaoyu, después de que la negociación del conflicto con organizaciones comunitarias de la provincia cusqueña de Chumbivilcas no llegase a una resolución el pasado 30 de noviembre.

En el comunicado, MMG explica que la negociación entre el Gobierno y la comunidad ha fracasado debido a “demandas comerciales excesivas” de parte de la ciudadanía.

Las organizaciones de Chumbivilcas –provincia ubicada en el corredor minero por donde la empresa transporta el concentrado del mineral hacia la costa peruana para exportarlo– han exigido el pago de indemnizaciones por perjuicios ambientales, sociales y culturales y derechos de servidumbre y solicitan ser incluidas en la zona de influencia de la mina.

El comunicado también precisa que Minera Las Bambas ha afrontado bloqueos de carreteras en el corredor minero por unos 400 días, es decir, más de 1 año de los 5 años y medio que lleva explotando los yacimientos.

Decisión de impacto

El consorcio que opera la Unidad Minera Las Bambas está formado por dos compañías: Guoxin International Investment Co. Ltd. y CITIC Metal Co. Ltd. El consorcio adquirió la compañía en 2014 (dos años antes de comenzar la explotación de la mina). La compró de la multinacional comercializadora de materia prima Glencore, que actualmente tiene participación en otras mineras peruanas.

Ubicada en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, Las Bambas representa el 16% de la producción de cobre en Perú y el 2% de la producción mundial del metal, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El primer año de su operación comercial, su producción superó las 450.000 toneladas de cobre en concentrado, según la compañía. Este año, la empresa tenía previsto producir entre 310.000 y 330.000 toneladas del recurso, informó el diario El Comercio, con datos de Reuters. Por la conflictividad social, la producción de Las Bambas cayó a 270.000 toneladas, informó la SNMPE.

La decisión de suspender las operaciones tendría un impacto significativo para MMG, para la que Las Bambas supone el 69% de sus ventas, según Reuters.

Además, por día de inactividad, sus pérdidas ascienden a US$9,5 millones, puntualizó la SNMPE.

Considerando los días de bloqueo contra la minera, las pérdidas bordearían los US$3.800 millones.

Recaudación en suspenso

Para el Estado, la decisión también reportaría pérdidas económicas significativas en el Producto Bruto Interno (PBI) Nacional. Así lo reconoció el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en un comunicado a la opinión pública.

“Con la suspensión anunciada por MMG Las Bambas, se proyecta un impacto significativo en el Producto Bruto Interno (PBI) Nacional, que afecta las perspectivas de crecimiento económico anunciadas por el Gobierno, en virtud a su importante efecto en el sector minero y en las industrias relacionadas”, refirió el Minem en el comunicado.

Según datos de la SNMPE, Minera Las Bambas aporta el 1% del PBI peruano.

En el caso del gobierno regional de Apurímac, el cierre de esa mina supondría dejar de recaudar S/1,5 millones (poco más de US$368.000) diarios por derechos contractuales, declaró Baltazar Lantarón Núñez, gobernador de esa región al canal de televisión peruano Canal N.

Considerando los menores ingresos por día de inactividad en Las Bambas, Apurímac habría dejado de recibir por derechos contractuales S/ 600 millones (US$147,3 millones) hasta la fecha.

“Estamos preocupados por el anuncio que ha hecho MMG Las Bambas. Evidentemente esto causa un perjuicio económico en los presupuestos de inversión en el GORE [gobierno regional] y [los] gobiernos locales”, sostuvo Lantarón.

Riesgos de corto y mediano plazo

Para Claudia Sícoli, directora de la carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), el principal impacto que tendría la suspensión de la operación de Las Bambas, sería la pérdida de unos 6.400 empleos directos e indirectos. Del total, anotó que el 25% corresponde a mano de obra de Apurímac.

La académica resaltó, asimismo, que en el mediano plazo la suspensión de la actividad de la mina devendría en una merma de la recaudación del impuesto a la renta y del canon minero para el Gobierno y las universidades.

“Las Bambas todavía no está pagando canon, porque está descontando ingresos para recuperar la inversión. Como los precios del cobre empezaron a subir, se estimaba que para 2021 y 2022, se iba a pagar canon por su operación minera”, dijo Sícoli. El precio del cobre acumulaba un incremento del 20% durante el año hasta el pasado 2 de diciembre, según datos de Reuters.

De su parte, Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, observó que ya existe un impacto económico y que los ingresos anticipados del 2021 del Gobierno nacional y del Gobierno regional como resultado de la actividad de Las Bambas van a ser menores.

“Dado que Las Bambas ha tenido los conflictos que ha tenido, no me sorprendería que pueda pedir una extensión del período de no pago de impuesto a la renta por la cuestión de compensar los costos altos de préstamos y pérdidas [registradas]. Eso está permitido por la política tributaria actual del país”, señaló el especialista a Forbes.

¿Fin a la conflictividad?

Consultados ambos expertos sobre el impacto que tendría la suspensión de Las Bambas en la conflictividad de la zona, Sícoli aseguró que no tendría mayor efecto.

“El hecho de que se vaya la empresa no quiere decir que las necesidades de la gente vayan a desparecer”, opinó. “Menos, si eso implica menores ingresos para la zona”, agregó.

En esa línea, la catedrática de la UPC –que obtuvo un doctorado en administración y dirección de empresas con una tesis sobre conflictividad minera– sostuvo que dicha problemática existe en tanto el Estado no atiende las demandas insatisfechas de las poblaciones.

“[El Estado] debería estar, de forma permanente, mediando en el conflicto y no formando parte [del mismo]. [El Estado] tendría que tener personas que estén en comunicación permanente con las empresas y […] con las poblaciones y vean cuáles son las necesidades [para] ver de qué manera solucionar los problemas”, sostuvo.

“Me parece que el Gobierno todavía no encuentra el mecanismo adecuado como para mediar en estos conflictos”, resaltó.

En tanto, para Delgado, no es posible anticipar el curso que tomaría la conflictividad en la zona.

“Si va a haber o no va a haber un incremento o una baja [en la conflictividad] va a depender mucho de la discursividad. Espero que no tengamos oportunismos políticos en este momento. Creo que no es el momento de generar expectativas, sino, más bien, de calmar los ánimos y [ver ] qué se puede hacer, qué es realista y qué realmente hay que hacer”, afirmó.

Para el académico, una solución al conflicto pasa por cambiar el discurso de desarrollo del territorio y diversificar las fuentes de ingreso y “no depender única y exclusivamente del tren de la minera”.  

“Creo que es muy difícil decir si [la conflictividad] va a aumentar o no. Hay demasiadas variables en juego en este momento”, concluyó.

Fuente: forbes.pe