El índice de nacionalismo de recursos de la consultora londinense Verisk Maplecroft señala que muchas de las principales jurisdicciones mineras, petroleras y de gas de América Latina han experimentdo un cambio negativo sostenido del riesgo.

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as industrias de minería y energía de Latinoamérica se enfrentan a un aumento del nacionalismo de los recursos, en momentos en que los gobiernos pretenden asegurarse una mayor parte de los ingresos de estos sectores.

Y la tendencia se ha visto acelerada por la pandemia de COVID-19, que ha ejercido una gran presión sobre las arcas públicas en toda la región.

Según el índice de nacionalismo de recursos de la consultora londinense Verisk Maplecroft –que supervisa medidas como las alzas de impuestos y cánones, las demandas de bienes y servicios de producción local y la expropiación directa de activos– muchas de las principales jurisdicciones mineras, petroleras y de gas de América Latina han experimentado un cambio negativo sostenido del riesgo.

México ha sufrido el mayor repunte de riesgo de los 198 países que conforman el índice, ya que ha pasado de ser una nación de bajo riesgo en 2017 a la tercera más alta a nivel mundial, por detrás de Venezuela y Tanzania.

Y la medida parece ser parte de una tendencia regional más amplia.

Las principales economías de Sudamérica, Brasil, Argentina y Colombia, han experimentado aumentos sustanciales en el riesgo, mientras que Perú y Chile –que albergan las industrias mineras más grandes– se encuentran en la cúspide de cambios políticos que alterarán el entorno operativo de las empresas.

“El nacionalismo de los recursos vuelve a estar en la agenda de muchos gobiernos de América Latina, por lo que las perspectivas de regulación a largo plazo para las empresas mineras y energéticas son más inciertas que nunca en los últimos años”, dijo Mariano Machado, analista sénior para América de Verisk Maplecroft.

“Los inversionistas y las empresas extractivas deberían abrocharse el cinturón”, añadió.

El papel del Covid-19

La pandemia de COVID-19 complicó la situación y obligó a los gobiernos de la región a mirar a las industrias extractivas y otras como una fuente de ingresos adicionales.

Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, con Perú, Brasil y México como protagonistas de algunas de las cifras más altas de muertes a nivel mundial, y este último está experimentando actualmente una tercera ola de casos relacionados con la variante de rápida propagación delta

Pero también intervienen otros factores.

“El COVID-19 aceleró las tendencias preexistentes, pero nuestra investigación muestra que no creó nuevas”, señaló a BNamericas la directora de investigación para América de Verisk Maplecroft, Jimena Blanco.

Si bien las preocupaciones tributarias son un impulsor clave de la intervención del gobierno en sectores económicos estratégicos, también puede haber factores ideológicos no necesariamente vinculados a la economía, agregó Blanco.

“Las preocupaciones sociales y ambientales también están ganando terreno y se están convirtiendo en un promotor fundamental de los cambios que impactan en las industrias extractivas. Y la voluntad política de un gobierno de intervenir en la economía es un indicador temprano crucial de posibles aumentos en el nacionalismo de los recursos antes de que ocurran”, explicó.

Imagen regional

El desplome de México en el índice está impulsado por las tendencias nacionalistas del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en el sector energético, incluido el retroceso de importantes reformas de la administración anterior, mientras que su gobierno también ha infringido la independencia de los organismos reguladores.

Una propuesta, ahora estancada, para nacionalizar la emergente industria minera de litio indica que es probable que el intervencionismo de AMLO se expanda más allá del petróleo y el gas en la segunda mitad de su mandato, advirtió Verisk Maplecroft.

“Esto será menos que expropiaciones directas sin compensación, pero se puede esperar una intromisión indebida en agencias autónomas que supervisan el sector minero y cambios regulatorios motivados ideológicamente”, aseveró la compañía en un comunicado.

En Argentina, la decimonovena nación de mayor riesgo, el deterioro es impulsado por la intervención del presidente Alberto Fernández en múltiples sectores, incluida la nacionalización de activos, el intento de toma de control de empresas privadas y medidas económicas como topes de precios, tarifas más altas, mayores retenciones tributarias y límites a la capacidad de los inversionistas para repatriar dividendos.

Estas acciones, que según la compañía tienen en gran parte motivaciones ideológicas y políticas, se intensificarán con Fernández, independientemente del resultado de las elecciones de medio término de noviembre.

El cambio de Brasil del puesto 85 al 37 en el índice no tiene un impulsor claro, según Verisk Maplecroft, pero el presidente Jair Bolsonaro ha intervenido regularmente en el sector energético del país con el argumento de que sus acciones eran para garantizar un mercado libre.

La caída del apoyo a Bolsonaro también podría provocar una escalada en las medidas populistas a medida que se presente a la reelección en 2022, lo que podría incluir la interferencia en el precio de la gasolina por parte del gigante estatal del petróleo y el gas Petrobras.

Las encrucijadas de Chile y Perú

Las mayores jurisdicciones mineras de América Latina, Chile y Perú, se mantienen en la categoría de riesgo bajo, pero las elecciones divisivas podrían dar lugar a cambios significativos, según el estudio.

En Perú, se considera que el presidente Pedro Castillo apoya a las comunidades rurales y exige que el sector minero cumpla con el desarrollo prometido por las sucesivas administraciones.

En Chile, se espera que las elecciones de noviembre y la reforma constitucional tengan repercusiones significativas en la minería.

“Mientras la convención constitucional redacta un nuevo documento y los nuevos dirigentes asumen el cargo en 2022, los debates sobre las contribuciones tributarias del sector minero y la forma de abordar las crecientes demandas sociales de una mayor protección del medio ambiente comenzarán a dar forma al futuro del sector minero del país”, puntualizó Verisk Maplecroft.

Fuente: bnamericas.com

(Foto: mch.cl)