Especialistas de Fitch, Moody´s e IIF prevén dificultades para alcanzar consensos entre el Ejecutivo y Lesgislativo en los próximos cinco años, lo que se traducirá en mayores presiones para la calificación creditica del país.

La inestabilidad política y la incertidumbre sobre posibles cambios en las reglas del manejo macroeconómico son los principales riesgos que enfrentará la economía peruana y la calificación crediticia del país con el gobierno entrante. De ocurrir una victoria electoral de Castillo, la intensidad del impacto negativo en los mercados dependerá de su mensaje relacionado al manejo macrofiscal, así como como de los planes de consolidación fiscal a ser presentados en la ley de presupuesto público para el 2022.

Los resultados electorales del 11 de abril, que llevarán Pedro Castillo y Keiko Fujimori a la segunda vuelta del próximo 6 de junio, suponen inestabilidad política en el próximo quinquenio. La alta fragmentación del Congreso —que tendrá 10 bancadas— será fuente de tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo. “Si los desafíos de la gobernabilidad persisten en el próximo Congreso y si mecanismos como la censura o cambio de gabinete se hacen de uso común para resolver diferencias, ello generará inestabilidad política y eso puede causar presión a la baja en la calificación”, advierte Kelli Bissett-Tom, directora de calificación soberana de América Latina de Fitch Ratings. Una mirada cortoplacista en las políticas públicas y reformas, en vez de una mirada sostenible de mediano plazo, podría llevar a un mayor déficit y acumulación de deuda, añade Bisset-Tom. A la fecha, una de las debilidades de la calificación son las instituciones políticas.

En caso Pedro Castillo gane la presidencia, la mirada estará puesta en sus mensajes hacia el manejo macrofiscal que ha mantenido el Perú en las últimas décadas. “Sí vemos la candidatura de Pedro Castillo como un gran riesgo al modelo económico y a la estabilidad macroeconómica”, señala Jaime Reusche, vicepresidente de riesgo soberano de Moody’s. El plan de gobierno de Castillo propone la nacionalización de los recursos naturales, el regreso de la actividad empresarial del Estado y la revisión de los tratados de libre comercio (TLC). “Si tenemos cambios más marcados en el esquema de política macroeconómica, esto puede generar mayor nerviosismo de los inversionistas y generar mayores presiones en los mercados financieros locales”, opina Martín Castellano, director de investigación para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). Medidas como el cambio o derogación del capítulo económico de la Constitución, la independencia del Banco Central o los principios de sostenibilidad fiscal podrían generar presión sobre la calificación crediticia, estima Bisset-Tom. En esa línea, los planes de consolidación fiscal y la elaboración del presupuesto público para el 2022, a presentarse el 30 de agosto, serán claves en un contexto en el que se espera mayor gasto social. “Estaremos mirando sobre todo el presupuesto, el plan macroeconómico del próximo gobierno, y las reformas y planes institucionales que se presentan”, dice Bisset-Tom.

Dos factores podrían mitigar el riesgo económico de una eventual presidencia de Castillo. Por un lado, la fragmentación del Congreso podría servir de contrapeso frente al populismo económico. “[El Congreso] puede funcionar como un contrapeso y llevar a mejoras en la implementación de la política económica”, indica Castellano. De acuerdo a un análisis de Moody’s, el 55% de los futuros congresistas sostienen puntos de vistas moderados en cuanto al manejo económico. Por otro lado, una eventual moderación de las propuestas de Castillo reduciría la incertidumbre entre los agentes económicos. “Tenemos un ejemplo histórico de moderación de plan de gobierno con el anterior presidente Humala, que vamos a tener en cuenta”, matiza Bisset-Tom, de Fitch.

Fuente: semanaeconomica.com

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