La familia del presidente fue una de las impulsoras del proyecto y tenía un 33% de acciones que luego vendió. La última cuota de dicha venta estaba condicionada a que el Estado no declarara reserva natural la zona de operaciones.

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Fue durante nuestro gobierno que fortalecimos la institucionalidad medioambiental, creando el Ministerio de Medioambiente, los tribunales ambientales, la fiscalía de medioambiente y por lo tanto nuestro compromiso de proteger el medioambiente. Se refleja en hechos muy concretos”. 

El presidente chileno, Sebastián Piñera se defendía así de las acusaciones de haberle facilitado el camino al polémico proyecto minero Dominga, según reveló este lunes la investigación de los Pandora Papers llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que en Chile fue capitaneada por LaBot y CIPER.

La familia de Piñera fue una de las impulsoras del proyecto Dominga y tenía un 33% de las acciones, que vendió en 2010 al accionista mayoritario, el empresario Carlos Alberto Délano, uno de los mejores amigos del mandatario. Piñera llevaba entonces 9 meses en el poder y había concluido la venta en las Islas Vírgenes Británicas, un conocido paraíso fiscal. La última cuota estaba condicionada a que el Estado chileno no declarara reserva natural la zona donde se pensaba desarrollar Dominga, como en ese entonces reclamaban los ambientalistas.

“Esta es la gota que desbordó el vaso”, dice a RFI Liesbeth Van der Meer, directora de la ONG Oceana, que tiene como objetivo la protección de los océanos. “Hay suficiente información para entender que este proyecto no se tramitó como cualquier otro en Chile”.  

Esta explotación minera evaluada en 2.500 millones de dólares debería dar trabajo a unas 10.000 personas y para su funcionamiento necesitará de un puerto. Un proyecto polémico desde el inicio y que según los ambientalistas tendrá efectos irreversibles. 

A solo 30 kilómetros de su futuro puerto está la reserva nacional del pingüino de Humboldt, donde habita el 80% de la población de esa especie en peligro de extinción. Por ahí también se pasean delfines nariz de botella y ballenas azules.

Estos nuevos datos llegan justo cuando Dominga debe enfrentar una nueva batalla judicial, con dos recursos de casación presentados por Oceana y dos pescadores artesanales, que buscan anular la resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta que validó el permiso ambiental del proyecto minero.

“Este proyecto ha sido sumamente cuestionado desde sus inicios por una evaluación ambiental deficiente, por el financiamiento a Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el primer gobierno de Piñera, y por un sinnúmero de irregularidades en el proceso administrativo. La Corte Suprema tiene que tomar una resolución final pero no siempre toman estos nuevos datos en cuenta, sabiendo que en el 2017 ya se conocían algunos datos y no fueron tomados en cuenta por los tribunales”, lamenta Liesbeth Van der Meer.

Sebastián Piñera ha dicho este lunes que la compraventa de Dominga se efectuó en completa legalidad.

Fuente: rfi.fr