La compañía recurrirá a acciones judiciales para solicitar que se adopten con urgencia las medidas necesarias para garantizar el orden público y la seguridad del suministro de un grupo considerable de la población del país.

E

esde el 12 de abril, un grupo de trabajadores contratistas de Central Bocamina (350 MW) han bloqueado los accesos en la planta de propiedad de Enel Generación, que tuvo que dejar de operar. Los manifestantes habrían montado barricadas incendiarias en los accesos de la central y obligando al personal de seguridad a salir de la planta.

Un equipo mínimo de operación logró mantenerse en las instalaciones con la sola misión de mantener en seguridad la planta, ejecutando actividades de monitoreo especializado de sistemas que revisten riesgo y criticidad.

“A pesar de que la paralización de la planta nos perjudica directamente y que las demandas de trabajadores contratistas corresponden al ámbito de gestión del Estado según la Estrategia de Transición Energética Justa, hemos sido pacientes y apoyado los esfuerzos del gobierno en los últimos días por lograr una solución pacífica. Lamentablemente, producto de la intransigencia de los manifestantes, hoy la situación está completamente fuera de control y exige otro tipo de medidas”, comentó James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Generación.

Enel manifiesta que la solicitud de los manifestantes respecto a exámenes de salud y cobertura médica y económica asociada, están y siempre han sido atendidas, de acuerdo con lo que exigen las regulaciones vigentes. Sus propias empresas empleadoras (contratistas), han informado que todos sus trabajadores, tienen activos planes de vigilancia epidemiológicos, acorde a la función que cumplen dentro de la operación.

Las demandas de los trabajadores contratistas que lideran esta toma no sólo tienen relación con supuestos incumplimientos en exámenes de salud y planes de vigilancia epidemiológica que -como ya se indicó- están y siempre han sido atendidos por sus empresas mandantes, sino que están vinculadas a la disposición de un bono de 1.000 UF para cada uno de ellos. Estos requerimientos de compensaciones económicas no están alineados con las soluciones identificadas por otros grupos de interés con que Enel se relaciona en la comuna de Coronel, ni con los objetivos y desafíos planteados para las empresas que deben retirar sus unidades de generación a carbón.