• En tanto, Naturgy, concesionaria para la distribución del gas de Camisea en el sur del Perú, anunció que se retira del mercado debido a “la falta de coherencia en la política de masificación del gas natural”.

Cálidda, la concesionaria para el diseño, construcción y operación del sistema de distribución de gas natural en la capital de Perú, Lima, así como la Provincia Constitucional del Callao, informó que accedió un crédito de US$ 100 millones de parte de BID Invest, miembro del Grupo BID. El montó permitirá financiar la ampliación del servicio a más de 180.000 nuevos usuarios durante este año y el próximo, especialmente entre hogares de bajos ingresos.

“Cálida tiene un papel relevante en la mejora del servicio al ser el distribuidor exclusivo de gas natural para la región más poblada del país, que abarca a más de 10 millones de personas y supone el 36 por ciento de la población de Perú”, señaló en un comunicado.

El apoyo financiero pone en relieve el rol contracíclico de la institución, al haber sido otorgado con un plazo de ocho años, lo que es consistente con el periodo de maduración de las inversiones.

“El impacto del Covid-19 en el país ha provocado menor disponibilidad de financiamiento de largo plazo, necesario para inversiones como la expansión de la red de Cálidda. BID Invest apoya la reactivación del país, en el contexto de la emergencia sanitaria, a través de un sector clave para el bienestar de los ciudadanos y del crecimiento del sector productivo”, agregó la entidad.

Naturgy se va

De otro lado, Naturgy, la distribuidora para la masificación del gas de Camisea en las regiones sureñas de Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna decidió resolver su contrato de concesión con el Estado peruano debido a la “falta de coherencia en la política de masificación del gas natural”.

La empresa española informó así sobre su imposibilidad de seguir garantizando la continuidad del servicio de distribución de gas iniciado a fines de 2017 a causa de la ausencia de acciones concretas del Estado frente a problemas estructurales, agravados por la emergencia sanitaria.

Aduce que durante los dos últimos años invocó la ayuda del Gobierno para resolver las falencias que hacían inviable el proyecto de masificación como la ausencia de infraestructura de transporte, la falta de competitividad de las tarifas de gas natural frente al gas licuado (GLP) y el gas natural comprimido (GNC), así como la inadecuada regulación en la comercialización de este último combustible.

Al firmar el contrato de concesión en 2013, Naturgy asumía que podría iniciar el proyecto rápidamente y que el gasoducto surperuano estaría listo en 2019 para viabilizar la inversión, pero esto no sucedió. Esto ocasionó que otros competidores, como los distribuidores de GNC, tomarán posesión del mercado industrial en el sur con combustible más barato (no regulado).

Peor aún, el gasoducto surperuano nunca se concretó, lo que ocasiona que el gas natural llegue hoy a los hogares e industrias del sur con precios dos y hasta tres veces más caros que en Lima, debido al elevado costo del transporte en cisternas.

La empresa española calcula que ha invertido más de US$ 107 millones en el proyecto, a pesar de anotar continuas pérdidas.

*Con información de gestion.pe y elcomercio.pe